Acceso a la información

Los derechos de acceso a la información y a la verdad son derechos fundamentales reconocidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde hace más de una década.
El proyecto del CELE, en asociación con Open Society Justice Initiative, pretende devolver el tema del acceso a la información a la agenda regional, promoviendo la adopción e incorporación de los Principios de Tshwane. Estos principios recogen las mejores prácticas para la implementación de leyes y políticas de acceso a la información relativas a la seguridad nacional compatibles con los derechos humanos.
En el marco de este proyecto, el CELE, la Asociación Pro Derechos Humanos (Perú), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Uruguay), la Fundación para la Libertad de Prensa (Colombia), la Fundación Myrna Mack (Guatemala) y Open Society Justice Initiative se presentaron el martes 20 de octubre de 2015 ante la Comisión Interamericana de Derechos de la OEA en la audiencia temática Acceso a la información y seguridad nacional en América.

El video de la audiencia se encuentra disponible aquí.

La realidad organizacional de las instituciones puede influir fuertemente en la manera en que la información es provista a quienes la solicitan y en el modo en que es puesta a disposición del público. La gestión de la información y la colaboración con las agencias de archivos son aspectos fundamentales para la implementación de las leyes de acceso a la información. 
Los países latinoamericanos están atravesando su primera década en términos de la regulación del derecho a saber y, en ese proceso, van descubriendo los distintos desafíos que supone hacer efectivo el contenido de la normativa. Probablemente, el más difícil de superar es cierto atraso en el desarrollo de una infraestructura eficiente para la gestión de la información pública. 
En este contexto, este proyecto del CELE apuntó a revisar las principales experiencias de los expertos en el campo de la gestión de la información y a describir las modalidades más comunes en la gestión de la información en la región vis a vis de la nueva legislación de acceso a la información. Asimismo, el proyecto buscó elaborar una política comprensiva sobre la gestión de la información basada en la identificación de estándares, buenas prácticas, los sistemas y las tecnologías necesarias para preservar, sistematizar, archivar y proveer información. El proyecto apuntó, también, a contribuir en el desarrollo de una terminología común sobre estos asuntos que sea útil para los promotores del acceso a la información, los periodistas, y los funcionarios públicos.

El documento final está disponible aquí

La legislación de acceso a la información debe insertarse en una densa red de legislaciones preexistentes que consideran a la información como su objeto. Entre estas normas, encontramos aquellas que regulan los datos personales, las estadísticas, la defensa nacional, la inteligencia, las patentes, los derechos de autor, etcétera. 
Entre estos temas, la regulación de los datos personales aparece como uno de los aspectos más controversiales. En algunos casos, la legislación de AI los regula y la autoridad a cargo de su implementación debe balancear la tensión entre los dos conceptos. En otros casos, el marco legal debe coordinar esfuerzos con legislaciones e instituciones preexistentes y esto puede crear conflictos sobre las responsabilidades, dominio y jurisdicción de los organismos. Finalmente, hay países donde el acceso a la información ha sido regulado pero los datos personales no, dejando a los individuos potencialmente menos protegidos. 
Este proyecto del CELE analizó la tensión entre los conceptos de datos personales y acceso a la información considerando, no solo los casos particulares, sino también las instituciones establecidas para resolver los conflictos. El proyecto, que se realizó bajo la modalidad de caso de estudio, revisó bibliografía, recolectó información sobre los casos y analizó las relaciones, articulaciones y conflictos entre las instituciones a cargo de la implementación de la legislación de acceso a la información y datos personales.

El documento final está disponible aquí

El documento releva el estado de situación y los desafíos que presenta la armonización del acceso a la información pública con la protección de intereses de seguridad nacional en América Latina. El informe fue realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) con la asistencia técnica del Centro de Estudios para la Libertad de Expresión y Acceso a la información (CELE) y con el apoyo de Open Society Justice Initiative.
El documento es un aporte a la discusión regional sobre el acceso a la información vinculada a la seguridad nacional y a la promoción de los "Principios sobre seguridad nacional y acceso a la información" elaborados por el Open Society Justice Initiative (OSJI). 
El trabajo sistematiza la evolución del derecho de acceso a la información pública en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se establece su vinculación con la excepción de seguridad nacional. Para ello, se explora la definición de seguridad nacional (adaptada a las circunstancias y tradiciones de América Latina), se sistematizan las regulaciones sobre seguridad nacional vigentes en los países estudiados, y se exponen estándares y principios para armonizar derecho a saber y seguridad nacional. También, advierte sobre las precauciones que se deben adoptar para la clasificación de información y sugiere el tipo de información que debería ser proactivamente publicada.
El documento fue elaborado a partir del relevamiento de organizaciones de la sociedad civil de la región y discutido durante el Seminario Internacional “Acceso a la Información y Seguridad Nacional en América Latina”, desarrollado en marzo de 2012 en la Universidad de Palermo.

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El CELE, a pedido de la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) realizó comentarios al anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de España.

El documento completo, en inglés, está disponible aquí

Esta nota describe las diferentes estrategias usadas por los gobiernos para asegurar que sus funcionarios se encuentran preparados para la implementación de leyes de acceso a la información. La nota es el resultado de una investigación exploratoria de cuatro casos: Chile, India, México y Reino Unido. Los casos permiten identificar algunas tendencias y vislumbrar algunas conclusiones sobre el tema.

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El Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Facultad de Derecho UP, respondiendo a un pedido del Programa de Libertad de Información del South African History Archive (SAHA), presentó un documento de recomendaciones a fin de contribuir con la elaboración de una ley modelo africana de acceso a la información.
Las recomendaciones se basan en la experiencia del CELE en materia de legislación, jurisprudencia, y políticas públicas sobre libertad de expresión y acceso a la información en Latinoamérica. En su momento, CELE también contribuyó a la elaboración de la ley modelo de la OEA de acceso a la información.
El documento completo en inglés, elaborado por Eduardo Bertoni -director del CELE- y Gladisley Sánchez -pasante del centro- está disponible aquí.

Esta investigación procuró documentar distintos enfoques en la implementación de experiencias de inclusión de contenidos sobre acceso a la información en programas educativos formales. La investigación se centró en México, por ser éste un país líder en la región en la implementación de regulación sobre acceso a la información. Se exploró el rol de los distintos actores que participan en estas iniciativas, como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y la Secretaría de Educación Pública. También se estudiaron las acciones de organizaciones de la sociedad civil para promocionar el conocimiento acerca de este derecho entre los jóvenes. El estudio se propuso fomentar un proceso de intercambio de conocimientos y difusión de prácticas que puedan resultar de utilidad a actores del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil interesados en encarar este tipo de iniciativas.

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