Si para defenderse de las críticas, un presidente utiliza los tribunales para conseguir sentencias que puedan tanto llevar a la cárcel a periodistas como al pago desproporcionado para una pretendida reparación de la reputación, mi primera reacción es de preocupación. Y si estamos ante un contexto donde los jueces están sospechados de parcialidad a favor del presidente, la situación es aún más grave. Por ello, distintas instancias internacionales reaccionaron por lo que está ocurriendo hoy en Ecuador, donde hay periodistas condenados a prisión y al pago de sumas millonarias por juicios iniciados por el presidente Rafael Correa. El inicio de estos juicios no es compatible con la actitud tolerante a la crítica –incluso cuando pueda sentirse que ha cruzado algunos límites– que debe tener un jefe de Estado en una sociedad democrática. Tampoco respeta los estándares internacionales en la materia. Pero, ¿es esta forma de acoso judicial una actitud aislada? Lamentablemente no.
Tan sólo para citar ejemplos cercanos, Carlos Saúl Menem inició distintas acciones judiciales mientras era presidente contra periodistas y medios, obteniendo sentencias favorables de la Corte Suprema de aquellos tiempos, que también estaba sospechada por su falta de independencia. El mes pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que una de esas sentencias era contraria a la libertad de expresión por distintos argumentos que ya eran parte de su jurisprudencia. Hoy se entiende que las expresiones concernientes a funcionarios públicos en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos deben gozar de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático.
Pero también podemos ver “la mitad llena del vaso”: los criterios expresados por la CIDH han sido tenidos en cuenta por tribunales y legislaturas de varios países latinoamericanos. Argentina despenalizó en los casos de interés público los delitos de calumnias e injurias. Uruguay y México han llevado adelante reformas legislativas similares.
Incluso bastaría recordar que al enviar al Congreso la reforma mencionada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que “aún a costa muchas veces de soportar cuestiones que tienen que ver con mentiras o que no son ciertas, yo prefiero mil millones de mentiras antes que cerrar la boca o ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien. Esta es la verdadera forma en que entiendo la libertad, los derechos humanos y la participación democrática”. Correa debería escuchar la voz de los tribunales internacionales y de sus colegas.
En definitiva, es de esperar que el acoso judicial a la prensa con el objetivo de acallar la crítica no se multiplique en nuestra región porque, sin perjuicio del buen o mal gusto de lo publicado, es seguro que un presidente tiene todas las herramientas a su alcance para defender su posición públicamente sin necesidad de presionar con decisiones judiciales.
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