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Fecha: 15/11/11. Sección: Política |
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Corte Constitucional analiza vigencia del desacato |
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La Corte Constitucional (CC) realizará mañana una audiencia para tratar la demanda de inconstitucionalidad del delito de desacato, que está tipificado en el artículo 230 del Código Penal vigente.
Esta solicitud fue planteada por la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito y por la organización Fundamedios, en mayo pasado.
Según Farith Simon, de la Universidad San Francisco, en la demanda planteada se busca declarar inconstitucionales “todas las normas penales para restringir la libertad de expresión y opinión”.
Con esta demanda se espera que los delitos como el desacato (injurias contra una autoridad estatal) desaparezcan de la Legislación ecuatoriana. Este tipo de delitos ya fue eliminado de la normativa internacional, por considerarlos atentatorios contra la libertad de expresión.
Incluso, en el último informe de la relatora para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, se señaló que se debe avanzar hacia la despenalización de los delitos de opinión.
Sin embargo, esta recomendación fue cuestionada por el presidente Rafael Correa. En su enlace sabatino, el Jefe de Estado señaló: “¿Por qué tenemos que despenalizar la injuria? ¿Solo porque Estados Unidos lo dice?, por favor. ¿Acaso tenemos que seguir su ejemplo? Si EE.UU. ni siquiera ha firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.
Pero varias organizaciones ligadas a la labor periodística y a precautelar los DD.HH. han demandado la necesidad de despenalizar la opinión. Su argumento se basa en que los servidores públicos no pueden tener una normativa especial frente a denuncias o investigaciones de las que sean objeto. Pues están bajo el escrutinio público.
En ese sentido, ayer en la mañana, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Human Rights Watch y el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, de Argentina; presentaron ante la Corte dos recursos ‘amicus curiae’, para respaldar la demanda planteada por Fundamedios y la Universidad.
“Conforme a estándares y jurisprudencia internacionales, las leyes de desacato otorgan injustificadamente una protección especial a funcionarios públicos y, por ende, limitan la libertad de expresión y deberían ser derogadas. Tal protección especial no debería existir ya que en una democracia los funcionarios públicos deberían estar sujetos a un mayor escrutinio y a la crítica, un elemento esencial para promover el debate sobre temas de interés público”, señala el escrito enviado por Human Rights Watch.
Asimismo, el director Ejecutivo de la Aedep, Diego Cornejo, explicó que con la demanda planteada no se pretende evitar que se sancione la injuria, sino solamente el desacato. “Desacato es sinónimo de irreverencia. Es propio de un sistema monárquico y en las democracias actuales ya está despenalizando”.
En la audiencia de mañana, también se solicitará que con la facultad que tiene la Corte Constitucional “advierta a la Asamblea de que se abstenga de aprobar leyes que sancionen a la opinión”, dijo Simon, en relación al proyecto de nuevo Código Penal.
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