Frente a una audiencia donde había ciudadanos que han vivido las consecuencias de su oposición manifiesta a las injusticias sociales en Puerto Rico, se presentó el foro: ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? El panel tuvo la participación del abogado e investigador argentino Eduardo Bertoni, el profesor puertorriqueño Jorge Benítez y el documentalista norteamericano Stanley Nelson, y fue organizado por el Centro de Periodismo Investigativo.
En la Universidad de Palermo, Argentina, Bertoni comenzó el año pasado una investigación sobre la libertad de expresión. A pesar de que en un comienzo estaba dirigida a indagar sobre los delitos en los códigos penales que coartaban la libertad de expresión, el proyecto tomó un rumbo diferente. Así nació la búsqueda de respuesta a una pregunta urgente y común entre personas de distintos países de América Latina que Bertoni contactó: ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Para contestarla contó con expertos en el tema de México, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. Y sin buscarlo, encontró elementos comunes. Con el propósito de compartir esta investigación, Bertoni participó en el conversatorio ocurrido en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana el pasado jueves.
Asistieron al foro estudiantes, huelguistas, integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, líderes comunitarios y ambientales, organizaciones de derechos humanos, miembros de la prensa, profesores y ciudadanos.
Osvaldo Burgos, quien fungió como moderador, comenzó elaborando un panorama histórico de eventos que corroboran la existencia de la criminalización de la protesta en nuestra isla. Algunos ejemplos de esto son La masacre de Ponce, el carpeteo de independentistas, el cierre de las gradas del capitolio el pasado año, el motín frente ese mismo recinto, la persecución a las mujeres que han pintado murales en espacios de expresión pública, apaleamientos a los negros, la ley llamada Tito Kayak, que convierte en delito grave la obstrucción de la construcción de obras que tengan aprobados permisos gubernamentales, y la Ley 3 del 4 de febrero de 2011, la cual criminaliza actos que tengan como consecuencia la paralización de labores educativas o de salud en Puerto Rico.
Según Bertoni, la protesta social es una manera de ejercer la libertad de expresión provocada generalmente por una falla del estado, y añadió que: “si estuviéramos en un estado de derecho perfecto, donde las instituciones funcionan a la perfección, y donde todas las personas pueden formular sus reclamos en igualdad de condiciones, posiblemente no existiría la protesta social”. Es precisamente a causa de estas fallas que existen tratados internacionales que establecen el derecho de reunirse para efectos de hacer reclamos por vías no institucionales. Además de ser una práctica generalizada en el mundo, la protesta social “ha sido un motor del desarrollo del orden político,” de acuerdo con Jorge Benítez.
Aunque existen entendidos, recogidos en muchas constituciones de países democráticos, la protesta social es constantemente criminalizada, reveló el es tudio de Bertoni. Es con el propósito de penalizar esta conducta que en varios países de América se observa, la tendencia del estado es identificar leyes existentes y penalidades que apliquen a aquellos que participan de las protestas para castigarles. Bajo condiciones normales el proceso jurídico funciona de modo inverso, es decir, se observa un delito primero y luego se legisla. Pero Bertoni señaló que se puede ver cómo se usa la obstrucción al tránsito, el vilipendio a las instituciones gubernamentales o las leyes antiterrorista son usadas para coartar la libertad de expresión.
A pesar de esta criminalización, en muchos de los casos no hay condena. Se abren casos penales que no terminan, manteniendo al enjuiciado en una especie de limbo jurídico. Ejemplo de ello es la experiencia del estudiante Arturo Ríos, quien ha sido procesado en más de cinco ocasiones por su participación en la huelga, sin que ninguna de estas acusaciones llegue a término. Benítez comentó que el peligro de estas dinámicas es que llevan a quienes protestan a vivir la vida como ilegítimos, como criminales.
Bertoni enfatizó en la humillación que representa el proceso legal en sí, refiriéndose a la visita de policía a las casas o el arresto, y la sensación de violación de derechos que sienten los protestantes por parte del estado.
La criminalización funciona como método de intimidación hacia aquellos que puedan unirse a la protesta, mostrándoles un ejemplo de lo que le sucede a aquellos que participan en una lucha. Un dato importante aportado por Benítez es el contraste entre Estados Unidos, donde se ha legitimado la protesta pacífica, y Puerto Rico, donde apenas un 7% de la población cree que es legítima la protesta, según estudios.
Es esta intimidación la que afecta de forma negativa la solidaridad. De acuerdo con Jorge Benítez: “el objetivo de la criminalización es convertirnos a todos en espectadores y no participantes de la protesta”.
Benítez expresó que en Puerto Rico ha existido un proceso continuo de protesta ante lo que denominó la “pérdida del espacio público”, que varía entre distintos grupos, algunos políticamente identificados, pero también grupos sociales marginados, como rescatadores de terrenos, mujeres y comunidades con distintas orientaciones sexuales, o el caso de los estudiantes, un sector que ha sido criminalizado constantemente a través de los años.
Jorge Benítez comentó que la protesta no es siempre criminalizada, si no que es criminalizada cuando se ve como amenaza, y que esto se mide de acuerdo a la cantidad de apoyo que recibe de comunidades externas. Quizás el ejemplo más reciente es la lucha estudiantil, que según ganó apoyo atrajo la atención del aparato represivo del estado. Como consecuencia, surgió la prohibición de la libertad de reunión y expresión en la UPR.
“Cuando todos los controles del estado fallaron, debe entrar el derecho penal”. Expresó Bertoni, quién señaló que este no es el caso mayormente en las protestas y que por el contrario se recurre primero al derecho penal, lo se acerca, peligrosamente a cruzar la raya del autoritarismo. El experto apuntó que este fenómeno se ve en países de distinta ideología política. Y destacó la importancia de la proporcionalidad, es decir, el deber del estado, cuando intervenga, es hacerlo en proporción respecto a los derechos que la protesta esté coartando.
Una de los aspectos más importantes de la lucha social es lograr que el mundo se entere de que ocurre. Por ello, el documentalista Stanley Nelson destacó el papel de los medios de comunicación ante este tipo de eventos. Dijo que el lugar de los medios está cambiando ahora que los ciudadanos pueden tomar fotos y video con sus celulares, ya que contener la información se hace más difícil. Denunció además la intención del Partido Republicano de Estados Unidos de eliminar por completo el presupuesto de las estaciones públicas que proveen un balance en el análisis de los eventos y en el periodismo de investigación.
Por su parte, el profesor Benítez estableció la importancia del periodismo investigativo para formar una idea clara y no fraccionada de la realidad y actuar en consecuencia. Según Bertoni, la prensa es una caja de resonancia de la protesta social, y se ha advertido la tendencia de los que reprimen violentamente la protesta a ir contra la prensa antes que contra quienes protestan, en un claro intento porque el público no sepa la ilegalidad de lo ocurrido. En algunos países, donde el vínculo entre la prensa y el estado es estrecho, se observa lo contrario: se cubre de manera parcializada el evento de protesta, y la caja de resonancia comienza a desaparecer. |
