La Relatoría para la Libertad de Expresión -RELE- de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -
CIDH- de la Organización de Estados Americanos -OEA- corre el riesgo de perder atribuciones que le han posibilitado hacer un trabajo importante en defensa de la libertad de expresión en el continente americano. Muy
pronto, los países miembros de la OEA discutirán un documento elaborado para "fortalecer" el sistema
interamericano de derechos humanos que, producto de su redacción actual, impulsada por el gobierno de
Ecuador, podría llevar a interpretaciones que transformen a la Relatoría en una oficina burocrática sin las luces y los brillos que en general ha tenido en los últimos años. El Gobierno Mexicano -que a comienzos de siglo lideró un movimiento regional a favor de la transparencia y el acceso a la información pública- puede encabezar la lista de países para expresar sin titubeos en esa reunión que el documento a discutir de ninguna manera puede significar un debilitamiento de la RELE y que debe interpretarse como una serie de sugerencias para que la CIDH adopte con el fin de fortalecer, y no socavar, su trabajo.
No es la primera vez que la RELE está en jaque. En 2004, al cambiar el Secretario General de la OEA, decidió como una de las primeras medidas de su corta gestión -ese secretario tuvo que renunciar y terminó detenido en su país, Costa Rica, cuando se le imputaron casos de corrupción- que la RELE no debía continuar a cargo de
un funcionario específico (aclaración en honor a la transparencia: quien firma esta nota era el Relator cuando ello ocurrió). En aquel momento, al igual que ahora, se pretendían medidas que fortalecieran al sistema
interamericano de derechos humanos y que sanearan las finanzas de la OEA. Aquella película terminó bien: la sociedad civil y varios Estados del hemisferio reaccionaron decididamente para impedir que esa medida se consolidara y, finalmente, se dio marcha atrás a una decisión que desarticulaba el funcionamiento de la RELE.
Si este tipo de ataques ya ocurrieron, vale preguntarse por las motivaciones de quienes impulsan este tipo de reformas. Creo que no hay que darle muchas vueltas al asunto: lo que se pretende es anular una voz autorizada que defienda a cualquier ciudadano, incluidos periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, que buscan ejercer el control de los actos de gobierno.
La RELE tiene como mandato la promoción, protección y defensa de la libertad de un derecho consustancial con la democracia. La democracia consiste en elegir libremente a quienes nos gobiernan, pero una vez que se encuentran en el poder, el proceso democrático tiene sentido si se facilita el control de los gobernantes de turno. En países como Venezuela o Ecuador, la intolerancia a la crítica y al control del gobierno ha llevado a la implementación de políticas que en los hechos debilitaron los mecanismos legítimos de control. Ante ello la prensa independiente es quien alza su voz frente a los abusos, porque ni los órganos judiciales, ni los ministerios públicos, ni las otras oficinas que deberían hacerlo, lo hacen. Consecuentemente, para clausurar toda posibilidad de crítica hace falta también someter a los periodistas quienes, a su vez, perderían un
importante aliado si la RELE deja de tener el músculo suficiente para defender a quienes están bajo ataque.
Hoy estamos viendo una película que parece que ya vimos en el 2004, pero de la que todavía no conocemos su final. Hasta ahora sólo hemos visto que en el ámbito de la OEA se elaboró un documento para "fortalecer" el sistema interamericano. A ese documento se le incluyeron por iniciativa del gobierno de Ecuador tres recomendaciones que, depende cómo sean interpretadas, podrían permitir: primero, que se impida que la RELE publique anualmente su informe sobre el estado de la libertad de expresión en los países de las Américas;
segundo, que se iguale el financiamiento de todas las relatorías, con la velada intención de restarle el financiamiento específico a la RELE; y, tercero, que se cree un "código de conducta" para permitir el control de los Estados -quienes en verdad son los controlados- de la gestión de la RELE.
El comienzo del final de la película lo veremos en la reunión del Consejo Permanente de la OEA este 25 de enero. En México, periodistas y defensores de derechos humanos han tenido un gran aliado en la RELE en el impulso de reformas para fortalecer el derecho a expresarse libremente. "Fortalecer el sistema de derechos
humanos", que es el objetivo del documento que discutirán los países este 25 de enero, es un objetivo loable.
Pero puede ser un canto de sirenas que atraiga a desprevenidos y que conduzca a nuestra región, por las razones que aquí señalo, a un debilitamiento generalizado de la democracia. Ojalá que como Ulises, varios
países se aten a los mástiles y mantengan sus firmes convicciones de defensa de los principios fundamentales
de la democracia. Ojalá también que México, acompañado por otros países como Colombia y Costa Rica, cuya
Canciller y Embajador alterno ante la OEA han hecho positivas declaraciones de respaldo a la RELE, se encuentre entre esos países.
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