Para quienes promovemos el derecho a saber las leyes que lo regulan son muy importantes. Haber conseguido su aprobación, haber logrado que sus artículos respeten principios y estándares internacionales son batallas que nos enorgullecen. Y hacemos bien: la aprobación de una ley nacional de acceso a la información supone que la deliberación pública en el ámbito legislativo ha arribado a ciertos consensos sobre lo que se considera información pública. Sin embargo, el ejercicio efectivo del derecho nos exige que prestemos atención no sólo al debate legislativo sino también a la implementación de la normativa y a las posibles contrarreformas que pueden surgir con posterioridad a la aprobación de la ley.
El Salvador aprobó en 2010 una de las leyes más completas y modernas de América Latina. A apenas 2 años de su aprobación, el derecho a saber enfrenta un nuevo desafío: un intento de reforma que -de acuerdo a las organizaciones locales- amenaza con extender el campo de excepciones y a limitar las atribuciones de su autoridad de aplicación. El proyecto de reforma fue analizado en un trámite veloz y aprobado a las 2.30am hoy por la Asamblea Legislativa. El texto, que fue remitido el 6 de febrero por el Grupo Parlamentario del FMLN, puede ser consultado acá: www.observatoriolegislativo.org.sv/attachments/article/2313/Reformas%20LAIP%20del%20FMLN%206%20feb%202013.pdf
De acuerdo a lo expresado por FUSADES, organización perteneciente al Grupo Promotor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el proyecto de reforma es preocupante en tanto le retira al Instituto de Acceso a la Información Pública la atribución de resolver controversias sobre las cuestiones de clasificación y desclasificación de información, incorpora nuevas causales de reserva, establece nuevos mecanismos para cubrir puestos en la autoridad de aplicación y cambia las reglas frente a la falta respuesta a una solicitud. El análisis del grupo promotor puede ser consultado acá www.slideshare.net/FUSADESORG/nueva-amenaza-a-la-ley-de-acceso-a-la-informacin-pblica-laip
La reforma aprobada por la Asamblea Legislativa requiere ahora de la aprobación del Presidente de la República para ser efectiva.
El Salvador forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), un iniciativa multilateral integrada por 58 países para la promoción de la transparencia y la apertura de la gestión pública.
Tags: rti amendments
Filed under: What's New
|
