El INEJEP coorganizó y participó del Conversatorio Diversidad y Cárcel
Por el INEJEP expuso Natalia Belmont, coordinadora del área de género y diversidad, y Luis López Lo Curto, coordinador del área de temáticas penitenciarias participó de la organización y coordinación de la actividad.
La actividad se realizó en la UR V del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Por el INEJEP expuso Natalia Belmont, coordinadora del área de género y diversidad, y Luis López Lo Curto, coordinador del área de temáticas penitenciarias participó de la organización y coordinación de la actividad.
La exposición de Natalia Belmont giró en torno del trabajo del INEJEP sobre la temática y de las observaciones escritas presentadas ante la CIDH en su Opinión Consultiva OC 5-19. Explicó que el objeto de la OC fue indagar si correspondía otorgar parámetros diferenciados para grupos de personas privadas de la libertad específicos que están en especial situación de vulnerabilidad y que sufren de forma diferente el encierro. Sobre este punto, hizo hincapié en que la Opinión Consultiva resulta muy importante porque se trata de un análisis que contempla normas existentes pero que, sobre la base de la realidad de distintos colectivos de personas, considera particularmente las obligaciones del Estado para enfrentar distintas situaciones de desigualdad real.
“Estamos hablando de estándares normativos que hablan de obligaciones reforzadas que tienen los Estados para que la privación de la libertad no agrave la desigualdad de las personas que ya tienen una condición de vulnerabilidad por diferentes factores como la edad, género, etnia, identidad sexual, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Factores que pueden generar discriminación, riesgos concretos que hay que prevenir”, mencionó Belmont. Y luego aclaró que “Hay un reconocimiento desde una perspectiva histórica y sistemática de que son personas que pueden estar en riesgo y que encontrarse en contexto penitenciario los expone a mayor violencia”.
Asimismo, Natalia Belmont señaló de qué se trata brindar un enfoque diferenciado: “Ver las necesidades especiales, reconocer las situaciones particulares de cada grupo y dar una respuesta necesaria para ese enfoque”. La importancia ha sido justamente en eso, en evidenciar los efectos diferenciados y desproporcionados de la prisión para distintas personas y brindar directrices claras. Propone una serie de medidas concretas para enfrentar la discriminación real y establecer obligaciones reforzadas tanto para el diseño penitenciario como para el diseño normativo, así como la solución de controversias y en el espacio de discusión y control judicial, además del monitoreo. “Es una convocatoria a los Estados a adecuarse a estándares de obligaciones reforzadas”, expuso Belmont.
El evento también contó con las exposiciones de Jimena Monsalve (AAJEP), Eva Asprella (SSAP), Lidia Pérez (INADI), Mariana Lauro y Josefina Alfonsín (PPN). Las personas privadas de libertad participaron y expresaron sus ideas y preocupaciones sobre la temática.
La exposición de Natalia Belmont giró en torno del trabajo del INEJEP sobre la temática y de las observaciones escritas presentadas ante la CIDH en su Opinión Consultiva OC 5-19. Explicó que el objeto de la OC fue indagar si correspondía otorgar parámetros diferenciados para grupos de personas privadas de la libertad específicos que están en especial situación de vulnerabilidad y que sufren de forma diferente el encierro. Sobre este punto, hizo hincapié en que la Opinión Consultiva resulta muy importante porque se trata de un análisis que contempla normas existentes pero que, sobre la base de la realidad de distintos colectivos de personas, considera particularmente las obligaciones del Estado para enfrentar distintas situaciones de desigualdad real.
“Estamos hablando de estándares normativos que hablan de obligaciones reforzadas que tienen los Estados para que la privación de la libertad no agrave la desigualdad de las personas que ya tienen una condición de vulnerabilidad por diferentes factores como la edad, género, etnia, identidad sexual, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Factores que pueden generar discriminación, riesgos concretos que hay que prevenir”, mencionó Belmont. Y luego aclaró que “Hay un reconocimiento desde una perspectiva histórica y sistemática de que son personas que pueden estar en riesgo y que encontrarse en contexto penitenciario los expone a mayor violencia”.
Asimismo, Natalia Belmont señaló de qué se trata brindar un enfoque diferenciado: “Ver las necesidades especiales, reconocer las situaciones particulares de cada grupo y dar una respuesta necesaria para ese enfoque”. La importancia ha sido justamente en eso, en evidenciar los efectos diferenciados y desproporcionados de la prisión para distintas personas y brindar directrices claras. Propone una serie de medidas concretas para enfrentar la discriminación real y establecer obligaciones reforzadas tanto para el diseño penitenciario como para el diseño normativo, así como la solución de controversias y en el espacio de discusión y control judicial, además del monitoreo. “Es una convocatoria a los Estados a adecuarse a estándares de obligaciones reforzadas”, expuso Belmont.
El evento también contó con las exposiciones de Jimena Monsalve (AAJEP), Eva Asprella (SSAP), Lidia Pérez (INADI), Mariana Lauro y Josefina Alfonsín (PPN). Las personas privadas de libertad participaron y expresaron sus ideas y preocupaciones sobre la temática.
