NUMMUS UP presentó los resultados de la investigación Ley 27.401, de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia
La charla presencial y virtual contó con la participación de los profesores UP Alberto Barbuto y Diego Zysman Quirós, Director del NUMMUS UP.
El Instituto de Estudios en Derecho Penal Económico y Delitos de Cuello Blanco (NUMMUS) de la Facultad de Derecho UP organizó la presentación de los resultados de la investigación sobre la Ley 27.401, de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia.
En primer lugar, Diego Zysman Quirós, Director del NUMMUS UP, explicó los fundamentos que justificaron la investigación, su planteo metodológico y su extensión en el tiempo frente a la inexistencia de antecedentes jurisprudenciales.
Más adelante, abordó los motivos por los cuales, a pesar de algunas magras noticias respecto del dictado de fallos, se justificaba también un rediseño metodológico; tanto en la expansión de las jurisdicciones originalmente comprometidas, como también en el adicionar entrevistas en profundidad a actores claves de agencias de investigación y judiciales para conocer el impacto de la ley y las preocupaciones vinculadas.
Luego, Alberto Barbuto, integrante del NUMMUS y doctorando de la UP, hizo referencia a jornadas de actualización organizadas por el Ministerio Público Fiscal junto con la Oficina Anticorrupción (OA), donde se expuso sobre la importancia de la ley 27.401 y los desafíos que implica, así como también se difundió alguna información liminar de algunos pocos casos que estarían empezando a dinamizar la aplicación de la ley.
Por otra parte, habló sobre el dictado de diversas normas de interés, particularmente las guías para la mejor implementación de los programas de integridad previstos en los Arts. 22 y 23 de la ley 27.401. Asimismo, hizo alusión a dos emergentes de las entrevistas en profundidad que se asumieron como de los más relevantes: expandir las capacitaciones para las agencias de investigación y aplicación de la ley en lo que se refiere al contenido, particularmente en lo que hace al fortalecimiento de las capacidades de negociación entre empresas y Ministerios Públicos; así como, por otra parte, articular instancias de trabajo que permitan desarrollar una agenda institucional que genere un marco de actuación general y, al mismo tiempo, permita plantear fortalezas, debilidades y desafíos específicos.
