NUMMUS debatió sobre Delitos ambientales y criminalidad económica
A cargo del director Diego Zysman y la participación de Ramiro Fihman, Daniela Bertone y Trinidad Lobos.
El pasado jueves 23 de mayo se llevó a cabo el conversatorio "Delitos ambientales y criminalidad económica", organizado por el Instituto de Derecho Penal Económico y Delitos de Cuello Blanco de la Universidad de Palermo, NUMMUS UP. Luego de una presentación del evento a cargo del director Diego Zysman y de una introducción a la temática por parte de Ramiro Fihman, las panelistas invitadas Daniela Bertone y Trinidad Lobos realizaron sus disertaciones.
Bertone, en primer lugar, se centró en la importancia de discutir la temática de los delitos ambientales desde una perspectiva poscolonial. En ese sentido, resaltó el fin económico de los delitos ambientales y puso énfasis en el poder real de las empresas trasnacionales que operan en países como Argentina y en el volumen de los fondos ilícitos generados por las actividades extractivas. Destacó las dificultades que tienen los estados para la persecución de la criminalidad ambiental y la importancia de articular nuevas formas de abordar el problema a través de las herramientas que ofrece el derecho internacional y sus instituciones, incluido el derecho penal internacional. Respecto de esto último, sugirió la posibilidad de aplicar la jurisdicción universal en caso de incluirse estos delitos en el Estatuto de Roma. Además, se refirió a los desafíos que presenta la criminalidad ambiental para la identificación de las víctimas del delito, asunto en el cual cumplen un rol fundamental los movimientos sociales, lo que a su vez repercute en la forma en que las sociedades responden a este tipo de delincuencia.
Lobos, por su parte, centró su exposición en las herramientas existentes para la identificación, cautela y eventual recupero de las ganancias económicas de la criminalidad ambiental, poniendo el énfasis en la necesidad de llevar a cabo investigaciones patrimoniales desde las instancias más tempranas de los casos. Describió la evolución normativa en Argentina y el contenido de algunos informes temáticos de organismos internacionales. Para Lobos, el embargo y decomiso son instituciones que no sólo se vinculan con objetivos vinculados a atacar el aspecto económico de las organizaciones criminales -en este caso, organizaciones que cometen delitos ambientales- sino también con las posibilidades de reparación y de pago de multas, un tipo de sanción muy frecuente en regulaciones ambientales.
Posteriormente las expositoras respondieron preguntas de la audiencia, que aportó inquietudes vinculadas -entre otras cosas- con ciertos tipos de criminalidad ambiental en particular, con el lavado de activos proveniente de los delitos ambientales, con los programas de cumplimiento y los mecanismos de certificación internacional, y acerca del rol de los bonos de carbono en la atribución de responsabilidad por daño ambiental.
Bertone, en primer lugar, se centró en la importancia de discutir la temática de los delitos ambientales desde una perspectiva poscolonial. En ese sentido, resaltó el fin económico de los delitos ambientales y puso énfasis en el poder real de las empresas trasnacionales que operan en países como Argentina y en el volumen de los fondos ilícitos generados por las actividades extractivas. Destacó las dificultades que tienen los estados para la persecución de la criminalidad ambiental y la importancia de articular nuevas formas de abordar el problema a través de las herramientas que ofrece el derecho internacional y sus instituciones, incluido el derecho penal internacional. Respecto de esto último, sugirió la posibilidad de aplicar la jurisdicción universal en caso de incluirse estos delitos en el Estatuto de Roma. Además, se refirió a los desafíos que presenta la criminalidad ambiental para la identificación de las víctimas del delito, asunto en el cual cumplen un rol fundamental los movimientos sociales, lo que a su vez repercute en la forma en que las sociedades responden a este tipo de delincuencia.
Lobos, por su parte, centró su exposición en las herramientas existentes para la identificación, cautela y eventual recupero de las ganancias económicas de la criminalidad ambiental, poniendo el énfasis en la necesidad de llevar a cabo investigaciones patrimoniales desde las instancias más tempranas de los casos. Describió la evolución normativa en Argentina y el contenido de algunos informes temáticos de organismos internacionales. Para Lobos, el embargo y decomiso son instituciones que no sólo se vinculan con objetivos vinculados a atacar el aspecto económico de las organizaciones criminales -en este caso, organizaciones que cometen delitos ambientales- sino también con las posibilidades de reparación y de pago de multas, un tipo de sanción muy frecuente en regulaciones ambientales.
Posteriormente las expositoras respondieron preguntas de la audiencia, que aportó inquietudes vinculadas -entre otras cosas- con ciertos tipos de criminalidad ambiental en particular, con el lavado de activos proveniente de los delitos ambientales, con los programas de cumplimiento y los mecanismos de certificación internacional, y acerca del rol de los bonos de carbono en la atribución de responsabilidad por daño ambiental.
