Análisis de las Reformas en la Ley de Procedimientos Administrativos
Debatieron María Moreno Del Río, profesora UP, Gabriela Seijas, Jueza de Cámara Sala III del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y Fulvio Santarelli, decano de la Facultad de Derecho UP.
En una reciente jornada del Ciclo de charlas de docentes sobre Actualidad Jurídica Morena Del Río, profesora UP y Directora de la cátedra Derecho Administrativo” de la carrera de Abogacía UP; Gabriela Seijas, Jueza de Cámara Sala III del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y el Decano Fulvio Santarelli, debatieron las reformas introducidas en la Ley Bases.
El encuentro reunió a expertos y estudiantes interesados en los avances normativos y sus implicancias en el ámbito jurídico.
Puntos destacados:
1. Incorporación de principios fundamentales:
La ley ahora incorpora principios como la buena fe, la buena administración y la tutela administrativa efectiva, que refuerzan derechos como el debido procedimiento, el derecho a ser oído y a una decisión fundada.
2. Modificaciones estructurales:
Se introducen artículos que clarifican conceptos como la estabilidad del acto administrativo, los plazos razonables y la revocación de actos por razones de mérito y conveniencia, buscando un balance entre garantías y eficiencia administrativa.
3. Ampliación del ámbito de aplicación:
La reforma establece un marco más claro sobre la aplicación de la ley a distintos órganos, incluyendo el Poder Judicial y entes públicos no estatales, aunque persisten debates sobre su implementación efectiva.
4. Participación ciudadana:
Se formaliza la obligación de considerar opiniones en audiencias y consultas públicas, fortaleciendo la transparencia y la inclusión en la toma de decisiones.
5. Nuevas categorías de vicios en el acto administrativo:
Se reconocen vicios como la desviación y el abuso de poder, ampliando herramientas para el control jurídico.
Impacto y desafíos:
Tanto Morena como Gabriela coincidieron en que, aunque las reformas representan un avance significativo, queda trabajo pendiente para abordar ambigüedades y desafíos en su implementación práctica.
Este debate refleja el compromiso de los actores del ámbito jurídico con la actualización normativa y el fortalecimiento del derecho administrativo.
