Avances y desafíos en la implementación del sistema acusatorio penal federal en Argentina
Estuvieron presentes Alberto Nanzer, Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Leonardo Filippini, director del Programa de Posgrado en Derecho Penal UP y el Decano de la Facultad de Derecho, Fulvio Santarelli.
El Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alberto Nanzer, presentó los avances y desafíos del proceso de implementación del sistema acusatorio federal penal en conversación con el Profesor Leonardo Filippini, director del Programa de Posgrado en Derecho Penal UP, y el Decano de la Facultad Fulvio Santarelli.
Nanzer explicó que el sistema se encuentra en una fase de implementación escalonada, con base en un importante grado de consenso en torno a su utilidad para acortar los tiempos de los procesos judiciales y contribuir a la eficacia y legitimidad del sistema de justicia federal, aun entendiendo la complejidad propia de la elaboración y análisis de indicadores en torno a esas cuestiones.
Remarcó que la experiencia hasta aquí, a partir de las inauguraciones del nuevo sistema en Salta, primero, y de Rosario y Mendoza, más cerca en el tiempo, podía ser capitalizada de modo de facilitar las futuras experiencias en otras jurisdicciones. En esta línea, precisó que a su gestión le interesa la identificación de aquellos elementos virtuosos y útiles para definir los pasos institucionales esenciales de cara a las futuras puestas en marcha del sistema en otras regiones. Una suerte de kit de implementación rápida, según graficó.
En este sentido, el funcionario valoró las visitas inmersivas de las y los operadores en jurisdicciones donde el sistema ya está operando y los simulacros generales preparatorios, tal como el ocurrido en Mendoza, instrumentos que, a su juicio, habían demostrado ser sumamente eficaces. También identificó algunos aprendizajes, como las conformaciones de colegios de jueces para Rosario y Mendoza, decididas por la Cámara Federal de Casación Penal, como opción superadora al esquema seguido en la jurisdicción de Salta. Estos elementos, sumados a la creación de oficinas judiciales y fiscales y a la adaptación edilicia, lucían, a su entender, como componentes útiles en una matriz de implementación replicable en las demás jurisdicciones donde el nuevo código será implementado.
En paralelo, Nanzer advirtió la necesidad de coordinación y de esfuerzos y decisiones compartidas, según las capacidades y atributos de cada agencia o institución para fortalecer la persecución penal estratégica de delitos graves como la corrupción y el narcotráfico, la mejora del uso de las penas alternativas, o la efectividad en el decomiso de activos de origen ilícito. Concluyó subrayando el trabajo por delante para consolidar el sistema en todo el país y señaló que las reformas institucionales y la cooperación entre las distintas ramas del Estado serán esenciales para garantizar el éxito de esta transformación en la justicia penal federal.
Nanzer explicó que el sistema se encuentra en una fase de implementación escalonada, con base en un importante grado de consenso en torno a su utilidad para acortar los tiempos de los procesos judiciales y contribuir a la eficacia y legitimidad del sistema de justicia federal, aun entendiendo la complejidad propia de la elaboración y análisis de indicadores en torno a esas cuestiones.
Remarcó que la experiencia hasta aquí, a partir de las inauguraciones del nuevo sistema en Salta, primero, y de Rosario y Mendoza, más cerca en el tiempo, podía ser capitalizada de modo de facilitar las futuras experiencias en otras jurisdicciones. En esta línea, precisó que a su gestión le interesa la identificación de aquellos elementos virtuosos y útiles para definir los pasos institucionales esenciales de cara a las futuras puestas en marcha del sistema en otras regiones. Una suerte de kit de implementación rápida, según graficó.
En este sentido, el funcionario valoró las visitas inmersivas de las y los operadores en jurisdicciones donde el sistema ya está operando y los simulacros generales preparatorios, tal como el ocurrido en Mendoza, instrumentos que, a su juicio, habían demostrado ser sumamente eficaces. También identificó algunos aprendizajes, como las conformaciones de colegios de jueces para Rosario y Mendoza, decididas por la Cámara Federal de Casación Penal, como opción superadora al esquema seguido en la jurisdicción de Salta. Estos elementos, sumados a la creación de oficinas judiciales y fiscales y a la adaptación edilicia, lucían, a su entender, como componentes útiles en una matriz de implementación replicable en las demás jurisdicciones donde el nuevo código será implementado.
En paralelo, Nanzer advirtió la necesidad de coordinación y de esfuerzos y decisiones compartidas, según las capacidades y atributos de cada agencia o institución para fortalecer la persecución penal estratégica de delitos graves como la corrupción y el narcotráfico, la mejora del uso de las penas alternativas, o la efectividad en el decomiso de activos de origen ilícito. Concluyó subrayando el trabajo por delante para consolidar el sistema en todo el país y señaló que las reformas institucionales y la cooperación entre las distintas ramas del Estado serán esenciales para garantizar el éxito de esta transformación en la justicia penal federal.
