La consolidación de una Justicia independiente
Roberto Saba, Decano de la Facultad de Derecho de la UP, opinó sobre los finales de ciclo con el sello de la Justicia y la estigmatización del Poder Judicial.
La consolidación de una Justicia independiente, confiable y eficiente es una de las grandes cuentas pendientes desde la recuperación de la democracia en 1983. Luego de la designación de la denominada "mayoría automática" en la Corte Suprema durante la presidencia de Carlos Menem, la década de 1990 fue marcada por una generalizada estigmatización del Poder Judicial como un cuerpo de funcionarios complacientes con el poder político.
Paradójicamente, ese desprestigio tan importante generó una extendida conciencia en la ciudadanía acerca de la importancia de contar con buenos jueces y tribunales confiables. Ello condujo finalmente al reclamo generalizado de la sociedad en 2001 por un cambio profundo en la Justicia, empezando por la Corte Suprema, que fuera alcanzada en sus cuestionamientos por el movimiento social detrás del "que se vayan todos". Esas demandas culminaron con las modificaciones de 2003 en el proceso de designación de jueces de la Corte, percibidas hasta hoy como un acierto, aunque opacado por las maniobras impulsadas desde el Gobierno desde 2006 para maniatar al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público y al propio Poder Judicial.
Tanto en tiempos de Menem como durante los gobiernos de los Kirchner, los jueces fueron percibidos desde el poder político como eventuales obstáculos a su capacidad de actuar con libertad. Sin embargo, hay una diferencia notable entre la década de 1990 y la década que está terminando. Mientras la estrategia menemista tenía que ver con la ambición casi no disimulada de controlar a los jueces para evitar que ejerzan, sobre todo, su función de contralor, los años de los Kirchner, particularmente los últimos, han estado atravesados por un planteo de corte ideológico que algunos, incluso en el propio Poder Judicial, sostienen honestamente, mientras que otros defienden hipócrita, interesada y cínicamente. Ese planteo tiene que ver con la creencia de que las mayorías populares en una democracia no deberían ser obstaculizadas en su accionar de gobierno por una minoría judicial de tinte aristocrático. Éste no es un tema nuevo. Casi todo el debate de la teoría constitucional y parte de la ciencia política modernas gira en torno a esta tensión entre jueces y democracia. Sin embargo, existe la sospecha generalizada de que ese planteo ideológico es en realidad una pantalla para desembarazarse del control de los jueces.
Por otro lado, la activación por parte de algunos magistrados y fiscales de causas de corrupción hacia el final de los mandatos presidenciales, evidente tanto en el caso de Menem como en el de los Kirchner, y que contrasta con la relativa pasividad durante los primeras años de esas presidencias, no contribuye a disipar la falta de confianza que la ciudadanía siente hacia los tribunales. La corrupción en la Argentina, desde la década de 1990, se ha vuelto un complicado problema estructural asociado a la actividad política. Su carácter evoluciona a través de los años, y hoy abarca un arco que va del cobro de retornos a la conformación de complejos entramados societarios que buscan extraer riqueza del Estado. La sociedad les da la bienvenida a todas las investigaciones, pero no se le escapa que media muchas veces un cálculo de oportunidad política de parte de los jueces, lo cual no ha contribuido a construir un Poder Judicial fuerte y legítimo, necesario para dar a los ciudadanos la tranquilidad de que podrán contar con él cuando realmente haga falta.
El autor es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y profesor de Derecho Constitucional.
Roberto Saba
